*Trabajo de José Meléndez para crhoy.com

Perseguida por su padrastro—Daniel Ortega, presidente de Nicaragua—y por su madre—Rosario Murillo, primera dama—, Zoilamérica Ortega Murillo define sin tapujos a la pareja presidencial nicaragüense: “Daniel Ortega es un abusador sexual y mi madre es su cómplice. En 1977, desde que yo tenía 10 años, él empezó a abusarme sexualmente y lo siguió haciendo mucho tiempo. Ella sabía lo que ocurría, pero nunca hizo nada para impedir que su esposo me siguiera abusando”.

“Mi mamá desde muy temprano me culpó, en vez de ponerse a mi lado y protegerme”, reclamó la hija e hijastra en una entrevista con este periodista. Zoilamérica dijo que optó por emigrar a Costa Rica en junio pasado y mantenerse con discreción en este país, ya que, en una nueva represalia en su contra, los Ortega Murillo lograron que donantes foráneos le cortaran el flujo de dinero al Centro de Estudios Internacionales (CEI), una organización no gubernamental de Nicaragua que ella ha dirigido desde hace varios años. La poderosa pareja presidencial, además, le desactivó el pasaporte.

Tras participar con su compañero sentimental, el boliviano Carlos Ariñez Castel, en una marcha de ancianos nicaragüenses que en junio anterior en Managua exigieron pensiones justas y fueron reprimidos por la policía, la decisión quedó sellada para Zoilamérica. Ariñez fue deportado a Costa Rica por presuntos problemas migratorios y por orden de la poderosa Primera Dama, por lo que ella también debió emigrar.

Mientras discutía con autoridades migratorias, relató, en defensa de Ariñez, su madre la llamó a su teléfono celular y le dijo: “Estas son las consecuencias de tus actos. Este fue el camino que vos elegiste y por lo tanto asumís las consecuencias”.

Por eso, esta nicaragüense de 45 años, madre de una niña y dos varones de una relación amorosa previa, afirmó que “ahora ellos dos, Daniel y mi madre, me castigan con represalias y persecución, para impedir que pueda financiar mi proyecto de vida. Están tratando de implantar el temor (en Nicaragua) y llevar a la gente a la conclusión de que no se puede hablar. Es una operación limpieza del pensamiento crítico y de protesta, para intimidar”.

Los casos contra Ortega—uno civil para pedir que se anulara la adopción y a ella se le devolviera el Narváez, su apellido paterno, y otro penal por violencia sexual—fueron denunciados en 1998 por Zoilamérica ante la justicia nicaragüense. Pero en ese entonces el líder del ex–guerrillero (y ahora gobernante) Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tenía inmunidad parlamentaria. Dirigentes del FSLN han rechazado que Ortega cometiera abuso sexual.

Aunque en diciembre de 2002 renunció a su fuero, Ortega se sometió a juicio y en apenas cuatro días un juzgado decretó prescripción del delito sexual y rechazó el del apellido. “No me permitieron declarar ni presentar pruebas”, recordó Zoilamérica.

Tras múltiples denuncias sin éxito ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, Zoilamérica retiró el caso de ese foro en 2008, para impedir, explicó, que “fuera tema de negociación y manipulación política entre las cancillerías con el Estado nicaragüense”, que a partir de 2007 es presidido de nuevo por Ortega.

El siguiente es un extracto de la entrevista:

–¿Cuándo empezaron los abusos sexuales?
–En 1977 y él era guerrillero del Frente. Mi hermano Rafael (también Narváez) y yo vivíamos clandestinamente en Costa Rica con mi madre y con Daniel y el abuso ocurre aquí. Mi tía Violeta, hermana de mi mamá, vino a Costa Rica a cuidarnos, porque mi mamá iba a Nicaragua porque ya estábamos en la insurrección final sandinista. Mi tía fue testigo de los abusos que ocurrieron, porque encontró varias veces a él (Daniel) en el cuarto nuestro donde yo dormía con mi hermano. Mi tía le dijo pero mi madre no creyó. El abuso sexual destruyó la relación familiar. Mi madre intentó negar lo ocurrido y desde muy temprano me culpó, en vez de ponerse a mi lado y protegerme. Al permanecer yo en la casa había maneras de castigarme, de excluirme de la familia.

–La guerrilla sandinista triunfó en 1979 y en Nicaragua se instaló la revolución (hasta 1990), con Ortega como líder de gobierno y ustedes retornaron a Managua. ¿Qué pasó en esos años?
–El abuso prosiguió durante la revolución. En lo temprano que empezó al abuso se explica el sometimiento y mi silencio. El abuso empezó en la clandestinidad, lo que favorecía el total control del agresor sobre mí, con silencio y aislamiento. Cuando pasamos a vivir a Nicaragua esa situación continúa en condiciones similares, porque había aislamiento por el cerco militar de mi familia en el poder. En mi caso, el abuso sexual es similar al ocurrido en campos de concentración o instalaciones militares. La seguridad que siempre rodeó a la familia me mantuvo atrapada y aislada y sin posibilidades de pedir ayuda. Desde los 10 años estuve sujeta a una condición militar, primero por la clandestinidad y luego por las condiciones de la familia. Un delito sexual en condiciones de control militar es mucho más grave

–¿Su madre nunca le reclamó a Ortega por lo que ocurría?
–A mis 12 años un médico planteó que yo tenía problemas por alguna situación que estaba viviendo, de sueño y ansiedad y dolores musculares devenidos de la rigidez que trataba de mantener en las noches, para evitar cualquier situación. Como en 1984, mi madre tuvo una discusión con Daniel, diciendo que sabía lo que estaba ocurriendo. Yo escuché. Él no contestaba nada. Pero luego ella me confrontó y me culpó a mí, me dijo que me fuera del país, que saliera de la casa, de la que salí en 1990.

–¿Nadie sabía lo que estaba sucediendo?
–En la casa todo el mundo sabía, dos o tres oficiales militares y todas las trabajadoras domésticas. Yo buscaba dormir en los cuartos de ellas para protegerme. Al salir de la casa, el acoso sexual fue telefónico y se intensificó en 1996 y 1997. Yo evitaba cercanía física. En 1997 por primera vez le conté a psicólogos y psiquiatras mi historia de abuso sexual. En marzo de 1998 hice la denuncia pública. Pero en la primera embestida de la maquinaria partidaria, mi madre y el partido asumieron la defensa de Daniel y emitieron descalificaciones que me obligaron a demostrar la verdad en tribunales. En junio de 1998 introduje los juicios, pero él asumió inmunidad parlamentaria hasta 2002. En un juicio en diciembre de 2002 él fue a tribunales, pero en cuatro días se decretó prescripción del delito sexual.

–Con el caso estancado, ¿qué presiones ha habido en su contra?
–Nadie le da proyectos al CEI. Los donantes me dijeron que mientras tuviera el conflicto abierto con el Presidente, si me daban plata, se les iba a considerar enemigos. Los secretarios políticos del Frente nos bloquearon en las alcaldías. Se intimidó a las personas que asistían a nuestras actividades y les decían que yo hacía cosas no autorizadas. El CEI acompaña luchas de prevención de violencia, temas en los que políticamente el gobierno ha cometido errores. Y lo nuestro se volvía casi subversivo. Aunque respeté la decisión de la mayoría en mi país de tener como Presidente a alguien con falta de ética, quieren eliminar toda posibilidad de que yo tenga presencia pública y política. Mi liderazgo recuerda la gravedad del tema ético de mi madre y de Daniel.