La cantante Shakira, acusada de fraude fiscal en España, trata de desmontar esta acusación a través de su defensa, aduciendo que disponía de un certificado de residencia permanente en Bahamas y que hasta 2015 su presencia en España no superó el plazo que la obliga a tributar.

Según informaron fuentes jurídicas, un perito designado por la defensa de la artista colombiana y un inspector de la Agencia Tributaria española comparecieron este jueves ante el juzgado de Barcelona donde se la investiga por defraudar presuntamente 14,5 millones de euros (unos 17 millones de dólares) entre los años 2012 y 2014.

La principal discusión entre las partes fue si la cantante vivió en España más de 183 días al año, tiempo mínimo para adquirir la condición de residente fiscal.

La querella de la Fiscalía se basa en informes de la Agencia Tributaria que sostienen que Shakira eludió el pago de impuestos a la Hacienda española simulando que no residía en este país y ocultando su renta a través de un entramado de sociedades con sede en paraísos fiscales.

Mientras que su defensa argumenta que, durante los ejercicios investigados, ésta disponía de un certificado de residencia permanente en Bahamas, acreditación que los inspectores españoles no reconocen a efectos de residencia fiscal.

La cantante, en su declaración ante el juez como investigada, sostuvo que antes de 2015 solo visitaba puntualmente la capital catalana con motivo de su relación con el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué.   Shakira y el futbolista comenzaron a ser pareja en 2011 y tienen dos hijos, nacidos en 2013 y 2015.

Mas allá de los días de residencia efectiva, las partes no discuten ni la cuota defraudada -que la cantante ya devolvió a Hacienda- ni el entramado de empresas domiciliadas en Islas Vírgenes británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo con las que canalizaba los beneficios de su actividad profesional.

En su querella, la Fiscalía acusa a Shakira y a su asesor fiscal en Estados Unidos de seis delitos contra la Hacienda pública y les acusa de urdir un “plan” para no pagar los impuestos que le correspondían, utilizando un entramado de sociedades radicadas en paraísos fiscales que formalmente eran las titulares de los ingresos que percibía.

Además, añade la querella, la intérprete suscribió acuerdos con las autoridades fiscales de Luxemburgo, los denominados “Tax Ruling”, para lograr unas condiciones “específicas y privilegiadas de tributación”, cuando ya residía en España y tenía la obligación de pagar sus impuestos en este país.
En total, la querella estima en 12,3 millones de euros (14,5 millones de dólares) la cantidad que debió tributar por IRPF (impuesto sobre las rentas percibidas) de 2012, 2013 y 2014 y en casi 2,2 millones de euros ( 2,6 millones de dólares) lo que debió pagar a la hacienda de la región de Cataluña por el patrimonio de que dispuso en esos años.

El procedimiento está aún en fase de instrucción y la cantante ofrece su “disposición absoluta a colaborar” para solucionar “la diferencia de criterio”, según un comunicado de su defensa.