Cada día la libertad de expresión y todo lo que la envuelve recibe ataques de todas partes. Ahora el fiscal argentino que acusó a la presidenta Cristina Fernandez de encubrimiento agravado en la causa del atentado a una mutual judía fue hallado muerto en su departamento de Buenos Aires, según se informó.

El fiscal Alberto Nisman, que generó un alboroto político hace unos días al pedir la indagatoria de Fernández, el ministro de Exteriores Héctor Timerman y otros allegados al gobierno, fue hallado el domingo por la noche en el interior del baño de su habitación, bloqueando la puerta de acceso al mismo, explicó un comunicado del Ministerio de Seguridad.

Junto al cuerpo de Nisman, que se hallaba en el suelo, se encontró un arma de fuego del calibre 22, además de un casquillo de bala.

Fein informó a periodistas que la muerte de su colega se produjo por "un disparo de arma de fuego", aclarando que hay que esperar los resultados de la autopsia para conocer "la causa determinante" del fallecimiento.

Fein relató que fue la madre del fiscal quien encontró el cuerpo sin vida de su hijo y que la puerta del departamento donde residía no estaba forzada.

Los agentes encargados de custodiar a Nisman, pertenecientes a la Policía Federal Argentina, habían alertado a su secretaria en la tarde del domingo al no obtener respuesta a los insistentes llamados telefónicos que le habían realizado. La escolta recogió a la madre de Nisman en su domicilio para dirigirse a la vivienda del fiscal, un departamento en una alta torre de Buenos Aires. Al entrar, la mujer se dio cuenta de que la puerta estaba cerrada con llave y que ésta estaba colocada por dentro en la cerradura.

Finalmente, un cerrajero tuvo que abrir la puerta tras la cual se halló el cadáver de Nisman. El ministerio no dio detalles sobre qué parte del cuerpo habría recibido el disparo de bala.

Al informar hace unos días sobre su decisión de presentar la controvertida denuncia, el fiscal dijo a un grupo de periodistas que se sentía muy seguro del paso que estaba dando y que no sabía "que podía pasar" o si iba a haber represalias en su contra.

Nisman consideraba a Fernández presunta responsable de un plan para desvincular a los sospechosos iraníes del atentado en 1994 a la Asociación Mutual Israelita Argentina AMIA, que causó 85 muertos y más de 200 heridos. El fiscal presentó su denuncia ante el tribunal del juez federal Ariel Lijo, al que pidió la indagatoria de la presidenta, el canciller, un diputado nacional oficialista y dos dirigentes sociales cercanos al gobierno, entre otras personas.

El 18 de julio de 1994, una camioneta cargada con explosivos estalló frente al edificio de la mutual judía en Buenos Aires, causando la muerte de 85 personas. Ocho iraníes, algunos de ellos altos funcionarios del país en el momento del ataque, fueron acusados y sobre cinco de ellos pesan circulares rojas de Interpol o prioridades de búsqueda.

Entre los acusados de participar en este supuesto plan para la "impunidad" de los iraníes se encuentran, además, el diputado nacional oficialista Andrés Larroque, personal de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia que no fue identificado, los dirigentes sociales Luis D'Elia y Fernando Esteche, el ex fiscal Héctor Yrimia, que investigó el atentado poco después de ocurrir, y el "referente comunitario" y nexo local del régimen iraní, Jorge "Yussuf" Jalil.

Según Nisman, parte de sus pruebas se fundamentaban en intervenciones telefónicas en las que supuestamente se escuchan las voces de personal de inteligencia, del diputado Larroque, de D'Elia (que fue subsecretario de Tierras para el Hábitat Social), Jalil y Moshen Rabanni, que era agregado cultural en la embajada iraní en Buenos Aires en el momento del atentado.

Sobre Rabanni pesa una orden de detención internacional bajo la acusación de ser uno de los autores intelectuales del ataque.