En estos días se cumplen 20 años del matrimonio del entonces príncipe Felipe con la periodista Leticia Ortiz. Los monárquicos recalcitrantes levantaron, el grito de protesta, no porque la legítima heredera no fuera la hija mayor del rey Juan Carlos I y sus derechos pasaran, sin apenas contestación interna, al menor de sus tres hijos, por el simple hecho de ser el primer varón. Hoy, que aquel príncipe ya reina como Felipe VI, con la mayoría de edad de la mayor de sus dos hijas, no se ha producido una significativa contestación por haber descargado en su persona los derechos de sucesión y toda la preparación correspondiente para ser proclamada en el Parlamento Princesa de Asturias y futura reina en el momento en que se produzca la sucesión al trono que hoy ostenta su padre. Las incongruencias en la aplicación de las normas dinásticas se han estirado como un chicle para excluir hace unos años a las dos hermanas mayores del actual rey, así como para legitimar a su hija Leonor como futura reina.

Cuando se aprobó la Constitución en 1978, se incluyó a Juan Carlos de Borbón como legítimo rey de España sin consulta alguna al pueblo español, sencillamente porque el dictador Francisco Franco así lo había querido. Hoy sabemos que aquella consulta no se produjo porque las encuestas parecían arrojar un resultado favorable a la causa republicana. Se alcanzó un punto intermedio definiendo nuestra forma del estado como Monarquía Parlamentaria, fundamentada en una Constitución consensuada por las distintas tendencias políticas en vigor y aprobada en un referéndum por el pueblo español. Esa estructura rige desde entonces y los que no somos monárquicos, ni lo hemos sido en ningún momento, hemos venido transigiendo con la Monarquía, por el hecho de fundamentarse en una Constitución como soporte legal y en el Parlamento como depositario de la soberanía popular. El rey queda como figura representativa, sin competencias de gobierno.

Nuestro caso se parece a otras tantas monarquías europeas similares, recuerdos de situaciones históricas que solo se justifican siempre que se fundamenten en constituciones que deben ser asumidas por los reyes correspondientes, quedando las formas de estado como resquicios de una historia que tiende a desaparecer en el futuro. Las diferencias entre una monarquía o una república a día de hoy no es más que la elección o no de su jefe de estado. Es evidente que no es idéntico un estado monárquico que uno republicano, pero es posible que no merezca la pena un conflicto interno a gran escala para dirimir la forma de estado, desde el momento en que las constituciones fundamentan los distintos poderes y las labores de representación tienden a desaparecer con el paso de la historia. En el caso de España tenemos un rey que tuvo que abdicar en su momento e instalar su domicilio fuera de España, en Dubai, porque cuando se quisieron airear sus comportamientos como rey de España se descubrieron comportamientos personales y contables muy alejados de los previstos en la Constitución para la figura del rey.

Estoy seguro que cualquier institución mantiene zonas de sombra, pendientes de sacar a la luz en un momento determinado o, como en nuestro caso, cubiertas con un tupido velo para que no lleguemos a enterarnos con claridad de los manejos y comportamientos inadecuados del anterior monarca, que sólo han sido posibles a lo largo de su amplio reinado por la vista gorda que unos y otros hemos ido proyectando sobre su función y ahora, en los últimos años de su vida, hemos tenido que encontrar para él un espacio en el mundo capaz de ocultar sus abusos personales y ponerle un avión a su servicio para que vaya y venga cuando quiera, siempre que permanezca fuera del alcance de la Hacienda española a la cual, si permaneciera en España, tendría que responder como cualquier hijo de vecino, una vez que todas las inmunidades que usó y abusó mientras ostentó el cargo de rey, hayan pasado a mejor vida.