El ministerio público, cuya misión constitucional es promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, sostiene que los delincuentes no pueden haber causado una grave violación de los derechos humanos, ¿no porque ese no sea siempre el objetivo de los terroristas? que manejan explosivos, sino, más bien, porque la policía lo frustró.

Nos encontramos con que “El derecho ha perdido su norte”, que se encuentra arrastrado por los suelos; casi a la altura del betún, con el que me limpio mis zapatos sin mucho cuidado. Sometido a constantes vejaciones, desolado como principio regulador de la convivencia de paz y libertad de los ciudadanos: buenos, menos buenos y muchos malos.

Y, mientras tanto, una gran parte de los que llevamos muchos años creyendo en el derecho, hablando de sus virtudes y fundamentos, muchas veces, somos tachados de fundamentalistas y otras de ultraderechistas por aquellos que deberían amparar su integridad y su cabal y justa aplicación; por quienes han demostrado no creer en la ley sino, quizá, en la componenda, convencidos de que la interpretación de la Constitución y las leyes consiste sencillamente en una especie de operación de ajuste político a los intereses del que manda: ¡Apaga (los cirios) y vámonos!

Y seguimos con el derecho: el fiscal encargado de la acusación contra los 12 miembros de los llamados Comités de defensa de la República (CDR) acusados de preparar en Cataluña ataques mediante explosivos pide para los encausados por terrorismo penas de hasta 27 años de prisión. Y hemos de mencionar: todo ello en un proceso público, con todas las garantías de las leyes, con que los acusados pueden ejercitar su derecho constitucional a la defensa, sus defensas.

El arreglo: una investidura para la que son necesarios e indispensables siete votos desemboca en una proposición de ley de amnistía que, tras excluir su aplicación de los delitos de terrorismo, acaba finalmente incorporándolos, ¡por exigencias de los futuros beneficiarios de la norma!, siempre y cuando -ver para creer-aquellos que no hubieran causado de forma intencionada graves violaciones de los derechos humanos...

En esta aplicación, que no tiene pies ni cabeza, en la que entran el terrorismo que viola los derechos humanos y el que no, acude la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, eso sí-siguiendo el criterio jerárquico impuesto por el fiscal general-, interesando el sobreseimiento libre de los juzgados. Queremos decir, pide en nombre del Estado que: ¡Tus pecados (por delitos) te son perdonados!

Y es que para poder convertir a los de CDR acusados en terroristas buenos la teniente fiscal sostiene que no llegaron a materializar ni a ejecutar, porque no les dejaron, actuaciones que pudieran causar algún tipo de daño o poner en peligro la vida, la integridad física o psíquica o a la integridad moral. Estas manifestaciones quedan como tales…

El ministerio público, cuya misión constitucional es promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, sostiene que los delincuentes no pueden haber causado una grave violación de los derechos humanos, no porque ese no sea siempre el objetivo de los terroristas que manejan explosivos, sino, más bien, porque la policía lo frustró.

La C0ruña, 21 de julio de 2024

© Mariano Cabrero Bárcena es escritor