En la convivencia de cada día cabe la posibilidad de encarar la relación de manera intransigente, imponiendo las normas a sangre y a fuego. También cabe articular, entre los distintos puntos de vista, amplias zonas de consenso que permitan acuerdos sin necesidad de tener que andar con la espada levantada, de los unos contra los otros, por cualquier matiz de interpretación de las normas en vigor. Una actitud leguleya puede defender las leyes y crear un tipo de vida asfixiante a base de intransigencia y de extremo rigor interpretativo. El idioma nuestro dispone de recursos que, sin saltarse normativa alguna, permitan una tipo de vida amplio que pueda acoger bajo su manto distintas maneras de ver las normas, que hagan de la convivencia una amplia zona de confort en la que nos podamos sentirnos cómodos la mayoría. Muchas veces son formas de mirar la aplicación de la normativa vigente, desde estrechos márgenes interpretativos hasta grandes autopistas inclusivas en las que quepan variedades interpretativas que nos hagan la vida más cómoda.

Hay países que no necesitan ni siquiera disponer de textos escritos en los que fundamentar su cuerpo legal, sencillamente porque basan su convivencia en el derecho consuetudinario, que podríamos llamar costumbre. Otras interpretaciones precisan textos escritos hasta para respirar sin que eso signifique que los grados de complimiento tengan que ser mayores en un caso que en otro. Gran Bretaña, por ejemplo, no tiene una constitución escrita, mientras que España necesita un texto constitucional, un conjunto exhaustivo de leyes orgánicas y distintos códigos en los que descansa nuestra convivencia y, sin embargo en ambos casos el cumplimiento normativo no ha garantizado niveles de satisfacción mayor o menor por el modo en el que estén sus leyes presentadas, sino porque sus ciudadanos asuman esta o aquella manera dc cumplimiento. En los dos casos hay una historia, en Gran Bretaña más larga y menor en el caso de España y, sin embargo, los grados de consenso de su población parece superior en el caso de España, sencillamente porque la coyuntura del brexit en los últimos años, ha abierto una amplia brecha entre la norma y su cumplimiento en el caso británico.

España que desde el primer momento, 1978, fundamenta su convivencia en un texto constitucional, que en su momento hasta fue redactado por las grandes eminencias literarias del momento, no ha logrado desde entonces un alto grado de acuerdo entre lo escrito y lo deseado por la población. Los dos ejemplos propuestos disponen de historiales de cumplimiento amplios, aunque no coincidentes, para saber que las mayorías apoyan sus marcos legislativos en vigor y ambos coinciden en que la distribución territorial de ambos países tienen problemas pendientes, Cataluña, País Vasco y Galicia en el caso español y Escocia en el británico, que desde hace años es motivo de tensión en ambos territorios sin que, hasta el momento haya una propuesta solvente que pueda afrontar una salida definitiva y satisfactoria para la mayoría. En el caso de Escocia el conflicto tuvo en el IRA un desacuerdo armado cuya solución sigue hoy pendiente y en el caso de España parece que es Cataluña la que mantiene el conflicto político más encendido hasta el momento.

El actual gobierno se comprometió a intentar un acuerdo entre las fuerzas políticas, después de fracasar la vía judicial que llevó a tener que aplicar el artículo 155 y la suspensión de su estatuto de autonomía y largos años de enfrentamientos sin salida. Nadie parece tener una solución suficiente y, cuando se intenta encontrar una solución política, que es donde nos encontramos en este momento, las discrepancias se agudizan, no tanto porque los niveles de discrepancia aumenten, sino porque las distintas propuestas se exageran por ambas partes hasta enrarecer el ambiente general del país y llevarlo a manifestaciones del desacuerdo que se hacen más evidentes en el parlamento que en la realidad de la calle. Se echa en falta un poco de correa de entendimiento por ambas partes en los dos ejemplos que hemos propuesto.